Sector cooperativo ante el reto de la nueva legislación de responsabilidad penal sobre personas jurídicas en Costa Rica
Resumen
En estos días concluyó el proceso del ingreso de Costa Rica como miembro número 38 a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, lo que trajo consigo la aprobación de una serie de compromisos legales entre los que están la aprobación la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros delitos» aprobada en junio 2019, la que viene a modificar sustancialmente el tratamiento a las personas jurídicas que ahora podrían ser consideradas como responsables penales de delitos. Esto aunado a los compromisos internacionales que ya se habían adquirido con la entrada en vigencia de un cuerpo normativo anticorrupción y antisoborno a nivel internacional, constituyen un cuerpo de leyes, normas y reglamentos como instrumentos para la lucha contra el crimen organizado, anti soborno, anticorrupción, lavado de activos entre otros. Dados los cuestionamientos al sector cooperativo, así como la necesidad de adecuar su capacidad de gobernanza y organizativa a las nuevas disposiciones legales forzadas por los cambios mencionados es que se enmarca este artículo, que consta de tres partes, Justificación y antecedentes; percepción del sector cooperativo sobre la importancia de los programas de cumplimiento a nivel global y una propuesta un marco corporativo o Modelo mediante el que dicho sector se pueda armar implementando una serie de instrumentos y mecanismos a nivel organizacional para desarrollar e implementar programas en transparencia, detección de riesgos, programas antisoborno y anticorrupción, Código de ética, buenas prácticas, entre otros que se podrían aplicar como parte de una caja de herramientas para diseñar un programa integral especializado a partir del que se pueda demostrar objetivamente ante cualquier instancia judicial, la existencia de un proceso interno capaz de blindar a la organización de vulnerabilidades ante la amenaza del crimen organizado.
Recibido: 30 julio 2021
Aceptado: 22 septiembre 2021
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